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Una
guerra declarada contra los derechos de las mujeres:
La obstrucción global
Ximena Machicao B. and Elizabeth Salguero C.
El gobierno de Bush en enero del presente año, reimpuso la regla de obstrucción global al programa de población de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), esta política está dirigida a restringir a las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) que reciben ayuda para la planificación familiar, empleen fondos aunque estos no provengan de los EEUU para prestar servicios de aborto legal, asesorar a las mujeres sobre la opción del aborto, remitir a mujeres a proveedores de salud para acceder a un aborto seguro y legal, incluso cuando la vida y la salud de las mujeres esta en riesgo, o cabildear en sus gobiernos para la reforma de leyes de aborto restrictivas.
Bush ordenó que se reinstaure por completo todos los requerimientos de la política de la Ciudad de México en vigor desde el 19 de enero de 1993. De acuerdo con los procedimientos de la política de ayuda al desarrollo internacional de la ciudad de México, vigentes en aquel momento para las organizaciones extranjeras, donde se les prohibe el uso de sus propios fondos para:
1. Realizar abortos
legales aún cuando la salud física o mental de la mujer estuviera
en peligro (las únicas excepciones son en caso de violación,
incesto o cuando la vida de la mujer corre peligro).
2. Proporcionar orientación e información sobre la
disponibilidad y los beneficios del aborto y remitir a las pacientes a otra
clínica de salud.
3. Cabildear con sus gobiernos para lograr la legalización
del aborto para mantener la ley actual y oponerse a las restricciones o para
penalizar el aborto, y
4. Llevar a cabo campañas de opinión pública
sobre el aborto (1).
A pesar de los avances fundamentales que superan las restricciones arriba mencionadas en los últimos años, la administración Bush al volver a implementar esta política intervencionista, extremista y antidemocrática no hace otra cosa que declararse en contra de los principios acogidos por la comunidad internacional en Cumbres y Conferencias Mundiales.
Viena, Cairo y Beijing, con el consenso y voluntad política de más de 180 gobiernos, reconocen que los derechos de las mujeres son derechos humanos y ratifican que los derechos sexuales y reproductivos abarcan los derechos humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, en documentos internacionales y en otros pertinentes aprobados por consenso.
Por otro lado, afirman la necesidad de que "en los casos que el aborto no es contrario a la ley, los sistemas de salud deben capacitar y equipar a quienes prestan servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que el aborto se realice en condiciones adecuadas y sea accesible" (2). Acuerdo ratificado en las reuniones del Sistema de Naciones Unidas en el marco de la evaluación de las conferencias mundiales de Cairo y Beijing + 5.
El nuevo concepto de los derechos sexuales y reproductivos, adoptado mundialmente, amplia el horizonte de los derechos a todo el ámbito de la reproducción, sexualidad y relaciones de género. Esto significa la necesidad de superar todas las barreras económicas, sociales y culturales que inhiben la libre y responsable adopción de decisiones en el campo de la reproducción y la sexualidad y que dificultan el acceso a los servicios de salud reproductiva.
Por su parte, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), que tiene carácter vinculante con los Estados, recomienda el reconocimiento y la integración de los derechos sexuales y reproductivos en el trabajo de todos los organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
La administración Bush en una actitud cínica e inhumana desconoce, a través de la regla de obstrucción global, que cada año más de 80 millones de mujeres tienen un embarazo no deseado y que 20 millones de mujeres, la mayoría habitantes de los países más pobres del mundo, arriesgan su vida para que se les practique un aborto en condiciones de riesgo, ocurriendo cada día 55 mil abortos en condiciones inadecuadas (3).
Al recortar los fondos y prohibir la prestación de servicios de salud integrales se atenta contra la vida y la salud de millones de mujeres que requieren de planes y programas más agresivos y efectivos que garanticen su salud sexual y reproductiva y el ejercicio de sus derechos.
Estados Unidos es uno de los países que se jacta de contar con un sistema democrático que garantiza la libertad de expresión y el ejercicio de la ciudadanía de hombres y mujeres y fuera de sus fronteras dice respetar la libre determinación y autonomía de los pueblos. Sin embargo, para nadie ya es una novedad que el "american dream" solo existe en Hollywood y sus prácticas y políticas se enmarcan en impulsar guerras, intervenir países, violar, discriminar y vulnerar los derechos humanos fundamentales.
El restringir la posibilidad de trabajar en la modificación de leyes, que históricamente han sido excluyentes y discriminatorias para las mujeres, significa intervenir en políticas internas de responsabilidad exclusiva de los gobiernos en el marco de su soberanía y autodeterminación. Limitar el debate público y la capacidad de hombres y mujeres de discutir sobre sus necesidades, demandas y derechos, implica coartar la libertad de expresión y de pensamiento.
No es extraño, entonces, comparar esta actitud y determinación del gobierno de Bush con posiciones fundamentalistas religiosas y culturales que durante siglos han intentado dominar a las mujeres, menoscabar sus derechos e impedir que decidan sobre sus vidas y su salud sexual y reproductiva.
El movimiento feminista a nivel mundial, está desarrollando acciones tendientes a revertir esta situación y lograr que el Congreso Norteamericano siga un juicio contra la administración Bush, porque la regla de obstrucción global es anticonstitucional y antidemocrática. Las feministas bolivianas nos hemos sumado militantemente a este esfuerzo ya que guardar silencio nos convertiría en cómplices de las inaceptables tasas de mortalidad materna existentes en los países llamados del "tercer mundo".
Reinvindicamos el derecho que tienen las sociedades democráticas a decidir libremente y con autonomía sus políticas públicas, sobre sus normas y procedimientos, sin ninguna clase de imposición ni restricción, menos certificaciones del gobierno norteamericano, por lo que DEMANDAMOS el derecho que tienen las ONGs de trabajar por la salud y los derechos sexuales y reproductivos en libertad; y promover abiertamente el derecho a decidir de las mujeres sobre un aborto no deseado.
(1) CLRP 2001
(2) Plataforma de Acción Mundial de El Cairo 1994
(3) IPAS, 2001
Ximena Machicao B. y Elizabeth Salguero C. son iontegrantes del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer en Bolivia - CIDEM-Bolivia
Para pedir mas informaciones y participar en campañas relacionadas
al tema:
CLRP:
Correo-e: globalgag@crlp.org
Fax: 1(917) 637-3666
Correo postal: 120 Wall Street, New York, NY 10005, USA
Laura E. Asturias,
Editora, revista Tertulia, Guatemala
http://www.geocities.com/guatertulia