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Claves para una Paz justa y duradera
Conflictos armados y las Mujeres en Cachemira

 

Seema Kazi

Al amanecer de un nuevo milenio, comunidades y sociedades enfrentan de manera creciente situaciones de conflicto armado. Si bien esa tendencia se puede apreciar en varias partes del mundo, resulta especialmente alarmante en la región de Asia del sur.

El conflicto armado entre el estado indio de Jammu y Cachemira se ha prolongado por más de una década. En 1999 el conflicto entró en su décimo año, y existen pocas esperanzas de que se resuelva y cese la violencia y el abuso permanente de los derechos humanos. La confrontación militar entre India y Paquistán en Kargil durante 1999, con el fantasma de las pruebas nucleares realizadas por ambos países convirtió a Cachemira en una potencial zona de riesgo nuclear. Según las estimaciones oficiales, casi nueve mil civiles, más de dos mil miembros de todas las fuerzas de seguridad y más de diez mil insurgentes y terroristas han muerto en el conflicto desde 1988. Las corrientes principales de análisis presentan el conflicto básicamente como un problema entre los hombres cachemires y el estado indio en relación con la seguridad y la política exterior. Si bien esos aspectos son importantes en sí mismos, ese marco de análisis excluye completamente las dimensiones sociales, especialmente su influencia sobre las mujeres. Analizar el conflicto de Cachemira tomando en cuenta sólo sus aspectos políticos o militares, sin considerar las experiencias de las mujeres brinda una imagen muy parcial de la situación.

Las mujeres de Cachemira han estado estrechamente vinculadas con las movilizaciones políticas por la independencia y continúan siendo víctimas del ciclo progresivo de la violencia y el abuso. La violencia sexual y física ha sido utilizada tanto por las fuerzas de seguridad como por los militantes para coaccionar, humillar o castigar a las mujeres, que también están sujetas a los roles y condiciones impuestos a los civiles en una situación de conflicto armado. Como destacó una periodista, "las mujeres fueron las más golpeadas por la guerra en Cachemira. Fueron asesinadas en fuego cruzado y baleadas en demostraciones públicas, murieron por explosiones de granada o bombardeos al cruzar la línea de control (LC) y fueron violadas por las fuerzas de seguridad, por los militantes antigubernamentales y por los militantes pro-gubernamentales." (Rita Manchanda, Himal, mayo, 1995). Pero sus voces y su experiencia sobre el conflicto siguen estando ausentes. La invisibilidad de las voces de las mujeres en relación con el conflicto surge de la presunción de que las mujeres son ajenas a él, están lejos de los escenarios de combate real entre militantes y fuerzas de seguridad. Esas falsas dicotomías entre hogar y guerra ya fueron destacadas en forma adecuada durante la guerra de Kosovo, que llevó al hogar las consecuencias traumáticas sociales, económicas y psicológicas del conflicto.

Existe, por lo tanto, la necesidad de reconocer y destacar la experiencia de las mujeres en el conflicto de Cachemira; ellas siguen enfrentando y soportando la violencia psicológica y física, el trastorno y la desilusión de una situación de guerra, en su calidad de mujeres y también como integrantes de la comunidad. Y lo que es igualmente importante, los representantes gubernamentales deben tomar conciencia de que la acción de las mujeres es crucial en la resolución del conflicto, y que deben estar representadas en forma adecuada en los procesos de toma de decisiones.

Otra necesidad igualmente importante es que las mujeres y sus problemas formen parte de toda iniciativa tendiente a la resolución de cualquier conflicto en general, y del conflicto de Cachemira en particular. Toda política que considera o representa a las mujeres como actores periféricos, no sólo omite abordar una dimensión crucial del conflicto, sino que también perpetúa las ideologías de exclusión, es decir las dicotomías entre lo público y lo privado que alimentan y promueven el conflicto. Teniendo en cuenta el hecho de que las mujeres están entre los grupos más afectados, las perspectivas feministas sobre la resolución del conflicto pueden atraer la atención de los representantes gubernamentales para que las políticas militaristas o la intervención militar continúen influenciando las elecciones y las posibilidades de desarrollo de las mujeres. El vínculo inextricable entre conflicto armado e igualdad entre mujeres y hombres fue reconocido como Esfera de Especial Preocupación en la Plataforma de acción de Beijing aprobada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 (1) y simboliza el reconocimiento de la comunidad internacional y los Estados de los efectos del conflicto armado sobre la vida de las mujeres. Es un aval a la convicción feminista de que las mujeres son un elemento central del conflicto, al igual que los intentos tendientes a su resolución, y una reivindicación de la demanda feminista de que las experiencias masculinas de "combate" no necesariamente confieren a los hombres la autoridad para apropiarse de la experiencia del conflicto/guerra; ni tampoco pueden las innumerables experiencias del conflicto (incluyendo las experiencias de las mujeres) verse reflejadas en un relato "maestro" (masculino) de combate. Esta perspectiva es esencial para la creación e instrumentación de políticas que reconozcan el rol y la acción de las mujeres y su participación total y activa como condición obligatoria para asegurar una paz justa y duradera. En los hechos esto implica la incorporación y promoción de una perspectiva de género en todos los programas, análisis y discusiones sobre la guerra y el militarismo para asegurar que las mujeres y sus experiencias se integren a las iniciativas de toma de decisiones y de políticas de Cachemira.

El estado debe jugar un rol fundamental en la implementación de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y asegurar que las comisiones de derechos humanos del estado presten atención adecuada a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. La política estatal puede promover y asegurar la participación igualitaria en la toma de decisiones en todos los foros del conflicto de Cachemira: un requisito previo necesario para su resolución. Una política inclusiva de género y la integración de la perspectiva de género en los programas de capacitación en las distintas instancias gubernamentales, aseguraría una mayor efectividad de fiscales, jueces y otros funcionarios que abordan y manejan temas de violencia contra la mujer en los conflictos armados y la guerra.

Una perspectiva feminista identifica al estado y a los militares como instituciones de poder que ejercen una importante influencia sobre las formas que adopta la sociedad civil y sobre sus relaciones internas. En el contexto de Cachemira, nos referimos al apoyo del estado a las políticas coactivas; es decir, la intervención militar precipitó el conflicto armado y excluyó las alternativas de paz. Las preocupaciones mundiales de abordar y resolver el conflicto en Cachemira se subordinaron a nociones de nacionalismo que rechazan la cooperación o el compromiso, percibiéndolos como "amenazas" a la seguridad nacional y la soberanía. La expansión de los roles militares para cumplir objetivos políticos coloca a los militares en contacto demasiado estrecho con la sociedad civil. Aunque el uso de la fuerza coactiva puede resultar útil a corto plazo, es peligrosa a largo plazo porque inevitablemente conduce a aumentar la participación política de los militares. Los efectos progresivos de la dominación coactiva militar se reflejan en la intervención militar directa en asuntos locales y del estado, así como en la legislación que otorga a los militares poder considerable en Cachemira y otros estados. A la vez que esto puede resultar necesario, el despliegue militar en situación de desorden civil producirá lo que un investigador denomina una forma de "militarismo civil" (2) que amenaza las libertades civiles, induciendo la imposición de la censura y otras medidas represivas que casi con seguridad atentarán contra los derechos y opciones de desarrollo de las mujeres. En vista de la amenaza planteada por el militarismo y el nacionalismo mayoritario, el estado tiene el papel fundamental de mantener la distinción vital entre las esferas y valores civiles y militares. Es un requisito previo necesario, no sólo para la protección de las libertades civiles y los derechos de las mujeres sino también para la resolución del conflicto.

Seema Kazi es una activista india por los derechos humanos de las mujeres. Ella es miembra del directorio de Association for Advocacy and Legal Inititatives (AALI) (Asociación de Lobby y Iniciativas Legales).

Traducción del inglés: Soledad Domínguez

(1) Objetivo estratégico E de la Plataforma de acción de Beijing de 1995. (2) Cohen, Stephen P. en Kohli 1990.

Referencias:

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Cock,Jacklyn, Women and War in South Africa (Open Letters. London, 1991)

Cooke, Mariam, Women and the War Story (University of California Press, Berkeley, 1996)

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Kohli, Atul. (ed.), India's Democracy: An Analysis of Changing State-Society Relationships (Princeton University Press, New Jersey. 1990)

Rita Manchanda, "Kashmir's Worse-Off Half " in Himal, May, 1999.

Shaw, Martin, Post-Military Society (Polity Press. Cambridge, 1991)

Schrijvers, Joke, The Violence of Development: The Choice For Intellectuals (Kali for Women, New Delhi, 1993)

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Varadarajan, Patanjali, Kashmir - A People Terrorised (Federation International Des ligues Des Droits De L'Homme, Paris. 1993)

Woolf, Virginia, Three Guineas (Harcourt Brace Jovanovich. New York. 1938)

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